Informe Especial | Sanciones: el “sobre cumplimiento”, la nueva amenaza

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Informe Especial | Sanciones: el “sobre cumplimiento”, la nueva amenaza



La Orden Ejecutiva (OE) N°13.884 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de fecha 5 de agosto, define a los sujetos de las sanciones de prohibición de operaciones como “el Estado y el Gobierno de Venezuela, cualquier subdivisión política, agencia o instrumento de los mismos, incluido el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa), cualquier persona de propiedad o controlada, directamente o indirectamente, por estas entidades, y cualquier persona que haya actuado o haya pretendido actuar directa o indirectamente por o en nombre de cualquiera de las entidades anteriormente mencionadas, incluso como miembro del régimen de Maduro”.

Queda claro, entonces, que las sanciones previstas en esta disposición no afectan a todos los venezolanos, sino a aquellos que forman parte del gobierno de Nicolás Maduro, de manera directa o indirecta, y quienes colaboran con la institucionalidad que este gestiona, por lo que las decisiones recientes de las empresas tecnológicas estadounidenses, Adobe y Oracle, no están determinadas por el cumplimiento estricto de la orden ejecutiva, sino por una determinada y exagerada percepción de riesgo.

Los casos de Oracle y Adobe han recrudecido el debate sobre la pertinencia o no –medida en términos de efectividad política- de las sanciones estadounidenses para provocar un cambio político en Venezuela. En nuestra opinión, la discusión, aunque relacionada con este asunto macro, no tiene que ver con la estrategia general, sino con la actitud que toman los agentes económicos ante el conflicto planteado entre Estados Unidos y Venezuela.

En consecuencia, las empresas venezolanas que tienen proveedores estadounidenses y/o relaciones comerciales, financieras, bancarias, concesión de marcas, de representación, distribución o tecnológicas con compañías estadounidenses están sometidas al riesgo de “over compliance” de esas organizaciones. El problema no es solo de las tecnológicas.

Las sanciones, por esta vía, se pueden convertir en una circunstancia crítica que afecte duramente a importantes sectores de la economía nacional, como la banca (la cual ya ha venido siendo seriamente afectada), el comercio o la industria manufacturera, en un contexto de depresión económica, hiperinflación, contracción del consumo e inestabilidad institucional.

¿Por qué ocurre este sobre cumplimiento si la OE es clara sobre sus alcances? Sencillamente, porque Venezuela es un mercado muy pequeño, su tamaño se ha reducido a un tercio de lo que era hace cinco años y, en consecuencia, ante la existencia de cualquier mínimo riesgo que comprometa la operación de una entidad estadounidense, o de otro país con presencia en Estados Unidos, surge como primera opción abandonar sus negocios en Venezuela, porque los costos asociados a seguir en el país no compensan ni de lejos asumir ese riesgo, ya que las expectativas de beneficios las evalúan como mínimas.

Lamentablemente, no existen fórmulas que permitan a las empresas venezolanas tomar medidas que las protejan efectivamente de este peligro añadido a los que plantea la misma situación del país, porque las interpretaciones jurídicas de estos casos son propias del derecho estadounidense, y, en consecuencia, operan circunstancias sobrevenidas que permiten a las compañías norteamericanas salir del país sin penalizaciones ante circunstancias excepcionales.

Sin embargo, consideramos que debe hacerse una revisión de los contratos con proveedores extranjeros, en función de ver si las condiciones de rescisión unilateral de convenios dan algún margen de negociación o reclamo. Es importante estudiar la situación, entender la magnitud del problema y ocuparse, porque lo peor que puede pasar es que un proveedor estratégico sorprenda con la decisión de abandonar el mercado.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana se analiza esta circunstancia a la que muchos en Venezuela no han prestado la debida atención y, por lo tanto, ahora es que se comienza a debatir la magnitud potencial del problema para determinar sus posibles consecuencias.

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