A Maduro le crece la factura por violaciones a los Derechos Humanos

// AFP

A Maduro le crece la factura por violaciones a los Derechos Humanos


La madre de un venezolano de 16 años que perdió sus ojos tras recibir disparos de perdigones por la policía en una protesta clamó «justicia» en relato a la AFP, en un caso condenado por la oposición e investigado por la justicia.

«Quiero justicia, justicia, justicia», repetía este martes 2 de julio Adriana Parada, madre de Rufo Chacón, a las afueras del hospital de San Cristóbal, la capital de Táchira, donde su hijo es atendido.

Según Parada, de 36 años, el joven participaba en una manifestación el lunes en la localidad de Táriba -a 10 minutos de San Cristóbal- cuando fue impactado en el rostro con perdigones de goma que dispararon efectivos policiales.

«Mi hijo perdió los ojos solo por ayudarme a pedir el gas que necesitamos», lamentó entre sollozos.

El médico Luis Ramírez, a la cabeza del equipo de especialistas que asistió a Rufo, confirmó a la AFP que «el niño recibió 52 disparos perdigones en el rostro, lo que hizo que posteriormente perdiera completamente su visión».

Los funcionarios dispararon «a quemarropa» a menos de un metro de los manifestantes, dijo a la AFP el diputado del consejo legislativo regional, Juan Carlos Palencia.

«No nos acostumbraremos, no dejaremos de llamarlos asesinos», dijo el líder opositor Juan Guaidó -reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países-, al tildar lo ocurrido como un «sádico acto».

El fiscal general, Tarek William Saab, informó que dos policías de Táchira fueron detenidos y «serán severamente sancionados ante esta violación» de los derechos humanos.

El hecho se produce en medio de la conmoción causada por la muerte, el sábado, del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido por su presunta vinculación en un plan para asesinar al mandatario Nicolás Maduro.

«Le arruinaron la vida, mi hijo se quiere morir», declaró a periodistas la madre del estudiante, que reparaba celulares para ayudar en los gastos de su casa.

Denunció además que desde hace tres meses no cuentan con servicio de gas.

«Estamos en dictadura, por reclamar por una bombona de gas lo dejaron sin visión. Mi sobrino no quiere vivir», afirmó el tío del adolescente, William Parada.

El general Jesús Arteaga, director de la Policía de Táchira, sostuvo por su parte que se trata de «un hecho aislado». «Repudiamos este hecho de dos funcionarios (…) en ningún momento violamos los derechos humanos», dijo en rueda de prensa.

Las deficiencias en la distribución de gas -monopolizada por el gobierno a través de la estatal petrolera PDVSA- se han acentuado en el último año en varios estados del país, dando lugar a recurrentes protestas.

En lo que va de 2019 la ONG Observatorio Venezolano de Conflictos (OVCS) «ha contabilizado 416 protestas solo por este servicio».

Táchira, al igual que la mayoría de las regiones del interior del país, registra frecuentes apagones que se han recrudecido desde marzo, así como dificultades en el surtido de combustible y agua.

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