Víctor Álvarez: La empresa privada 'está atrapada en el fuego cruzado entre Gobierno y oposición'
El declive de la industria petrolera y la prolongada contracción de la economía comienzan a partir del año 2014. Las sanciones financieras se aplican en 2017 y las petroleras en 2019. Son la estocada final a una economía que ya venía muy mal.
¿A quién afectan realmente las sanciones? William Brownfield, exembajador de EEUU en Venezuela, reconoció que las sanciones tendrían “un impacto sobre el pueblo entero, sobre el ciudadano común y corriente y las comunidades de Venezuela” Y no tuvo ninguna consideración al agregar que “quizás sea la mejor solución para acelerar el colapso, aunque produzca un período de sufrimiento mayor por un período de meses o quizás años”.
Los defensores de las sanciones argumentan que éstas tienen excepciones en materia de alimentos y medicinas, pero al impedir la exportación de petróleo del que depende el 96% del ingreso en divisas de Venezuela, el país se queda sin recursos para importar los alimentos y medicinas que reciben los sectores más vulnerables.
La escasez de combustible también está asociada a las dificultades para importar insumos y repuestos para las refinerías, cuestión que impide el transporte de alimentos y la movilización de la población.
La extensión de las sanciones a terceros que se atrevan a tener negocios con empresas públicas venezolanas implica que sus cuentas y activos en territorio estadounidense pueden ser bloqueados. Esto inhibe a proveedores de Corpoelec, Hidroven, Pdvsa gas, Cantv y otras empresas públicas suministrar transformadores, compresores, bombas de agua, repuestos, etc. Por eso, las sanciones agravan el deterioro de los servicios de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, todo lo cual empeora aún más las precarias condiciones de vida de la población.
La banca estadounidense ha restringido las operaciones con muchos de sus clientes venezolanos, sin distinguir si son empresas públicas o privadas. Incluso, ONG y organismos internacionales de ayuda humanitaria han denunciado las dificultades para hacer transferencias a empresas e instituciones venezolanas.
La empresa privada está atrapada en el fuego cruzado entre el gobierno y la oposición. No encuentra alternativa en un gobierno que sigue siendo muy hostil y la cataloga cómo conspiradora y aliada interna de la coalición internacional que lo quiere derrocar. Y la oposición que pide el endurecimiento de sanciones perjudica a los contratistas del gobierno.
Este daño en sus negocios no lo reconocen públicamente las empresas privadas para no ser consideradas una caja de resonancia de la narrativa oficial que atribuye a sanciones la causa originaria de la crisis. La polarización las lleva a asumir posiciones políticas que perjudican sus propios intereses económicos.
Las sanciones económicas forman parte de una estrategia que tiene como fin forzar un cambio de gobierno en Venezuela. Sin embargo, luego de tres años de sanciones, ni la explosión social ni el levantamiento militar que supuestamente derrocarían al gobierno se han producido.
La crisis económica y social ha empeorado, Maduro sigue en el poder y no se siente amenazado por una oposición dividida y debilitada que no ha sabido capitalizar electoralmente el enorme descontento y malestar nacional.
Por el contrario, las sanciones le han dado al régimen un pretexto perfecto para construir una narrativa épica de resistencia y evadir la responsabilidad que tiene la nefasta política de controles, expropiaciones, sobrevaluación y corrupción en la debacle que ha sufrido la economía nacional.
Las sanciones económicas tienen que ser levantadas, pero a cambio de la mejora en las condiciones electorales. Un primer canje puede ser permitir la exportación de petróleo a EEUU a cambio de una renovación integral del poder electoral para convocar unas elecciones limpias y creíbles.
El 50% del ingreso petrolero que se genere sería destinado única y exclusivamente a importar alimentos, medicinas, vacuna contra el Covid, combustible y repuestos para reactivar la producción nacional. El otro 50% sería depositado en un Fondo de Ahorro e Inversión cuyos rendimientos solo podrán ser utilizados como presupuesto complementario por el nuevo gobierno que resulte de las próximas elecciones que se convoquen. ¡Soluciones hay!
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