Nicaragua autoriza ingreso de tropas extranjeras

La mayoría del parlamento nicaragüense autorizó este viernes el ingreso de tropas y medios extranjeros con fines humanitarios entre julio y diciembre de este año, pese a que la oposición lo consideró «imprudente» en medio de la represión contra las protestas antigubernamentales.

Con el apoyo de 73 diputados oficialistas y rechazado por 15 opositores, el congreso avaló la entrada de 230 efectivos con medios aéreos y navales de Rusia para participar en ejercicios contra el narcotráfico, reseñó AFP.

Autorizó además la llegada de 160 efectivos de México, Cuba y Venezuela y un número no precisado de militares centroamericanos, estadounidenses y taiwaneses para participar en ejercicios antidrogas y humanitarios.

El diputado opositor Jimmy Blandón cuestionó el ingreso de militares de países como Venezuela que según él han apoyado la violenta represión del gobierno de Daniel Ortega contra las protestas, con un saldo de más de 220 muertos desde abril.

«Venezuela ha respaldado los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en nuestro país», protestó Blandón, quien criticó al ejército por incumplir con su obligación de desmantelar a los grupos paramilitares que surgieron en medio de las protestas para atacar a los manifestantes.

Es «imprudente aprobar este decreto» con la crisis que vive el país que ha causado muertos, desaparecidos, y grandes pérdidas económicas y de empleo coincidió el diputado Alfredo Aguirre.

El diputado indígena de la región del Caribe, Brooklyn Rivera, instó al gobierno de Ortega «a cesar todo acto de represión», como recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los sandinistas oficialistas, por su lado, explicaron que Nicaragua ha autorizado 38 veces el ingreso de tropas extranjeras desde 2007, cuando Ortega retornó al poder, y acusaron a los opositores de manipular la situación.

«No tenemos miedo», gritan nicaragüenses en la combativa Masaya

Pobladores de la combativa ciudad nicaragüense de Masaya salieron este viernes a las calles para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega y justicia por los más de 220 muertos en las protestas que sacuden al país desde hace más de dos meses.

«¡No tenemos miedo!», «¡Que se vaya!», «¡Asesino!», «¡Elecciones ya!», gritaron los lugareños mientras recorrían las angostas calles de esta ciudad de artesanos y pequeños agricultores, que se declaró en rebeldía hace dos semanas.

Cargando la foto de su hijo de 15 años muerto de un balazo en el pecho en una barricada, marchaba Aura López, una humilde empleada doméstica de 45 años, vestida de blanco con un lazo negro en la solapa.

«La policía no me le perdonó su vida. Me lo mataron. Todos los días le pido a mi Dios que me dé fuerza para llevar este dolor tan grande. Pedimos que nos ayuden a sacar a Ortega por las buenas o por las malas. Es el culpable de este sufrimiento», declaró.

Los pobladores esperaban en el barrio de Monimbó, epicentro de la represión, a expertos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes finalmente fueron a Jinotepe (norte) tras violentas incursiones de fuerzas de seguridad la noche del jueves.

Una larga fila de personas se formó en la iglesia de San Miguel, en Monimbó, con fotos de fallecidos, casquillos de balas y hasta ropas con sangre, para poner denuncias ante la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPH), que cifra en 285 las muertes, aunque otro grupo humanitario las calcula en más de 220.

Para este sábado los opositores convocaron a la «Marcha de las flores» en Managua y otras ciudades, que había sido suspendida hace una semana por la violenta incursión de antimotines, parapolicías y paramilitares en varias zonas del país.

«Habrá un baño de sangre»

Con adoquines, muebles, árboles y otros escombros, los habitantes de Masaya construyeron barricadas en casi todas las calles de esta ciudad de 100.000 habitantes 30 km al sur de Managua.

En los últimos días, violentas operaciones de las fuerzas combinadas del gobierno desmontaron varias trincheras, pero los monimboceños no bajan la guardia y las mantienen.

Su barrio peleó con furia en la insurrección que encabezó el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para derrocar al dictador Anastasio Somoza en 1979, y hablan con orgullo de su combatividad.

Ahora piden la renuncia de Ortega, exguerrillero sandinista de 72 años que llegó al poder con esa revolución y volvió al gobierno a través del voto en 2007. Lo acusan a él y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de instaurar el nepotismo y una dictadura, y desatar una brutal represión.

«No nos van a callar ni a amedrentar. Este pueblo no va a claudicar, va a resistir hasta que Ortega se vaya. Si nos provocan habrá un baño de sangre», dijo con un megáfono el dirigente estudiantil Yubrank Suazo, en la pequeña plaza de Monimbó, de donde partió la marcha.

«La lucha está empezando»

Cubriéndose del sol con una bandera de Nicaragua, Auxiliadora Bonilla, de 54 años, dijo estar «luchando por un país libre». «Hemos abierto los ojos, esta lucha apenas está empezando», aseguró a la AFP, sentada en una acera de la placita.

Está comenzando porque, según ella, el gobierno está «jugando» con el diálogo que, mediado por la Iglesia católica, reanudó el lunes con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -que aglutina a grupos de la sociedad civil-, para intentar superar la crisis.

El proceso se ha estancado porque Ortega, cuyo tercer mandato consecutivo acaba en enero de 2022, aún no responde a la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019. No obstante, la Iglesia piensa convocar a una plenaria el martes.

El gobierno de Ortega califica las protestas y la exigencia de la renuncia de Ortega como una «intentona golpista» apoyada por Estados Unidos y acusa a los manifestantes de «delincuentes» y «pandilleros».

Estados Unidos impuso el jueves más restricciones de visado a responsables de violar derechos humanos en Nicaragua. A principios de junio lo había hecho contra oficiales de la Policía Nacional.

Ante el agravamiento de la represión, los delegados de la CIDH y de la ONU llegaron esta semana al país y se reúnen con las partes y las víctimas de la violencia.

Durante su estancia bajó apenas un poco la acción de grupos de civiles encapuchados y fuertemente armados que siembran pánico en las calles en la noche y a plena luz del día.