La derogación de la Ley Dodd Frank y su impacto en la banca mundial

La Ley Dodd Frank es una amplísima legislación desplegada por la administración del expresidente  Barack Obama para controlar los excesos de la actividad bancaria que habían originado la crisis financiera. Desde su aprobación en 2010, esta medida tiene en contra a las viejas guardias de Wall Street y a los economistas y políticos más liberales de Estados unidos.

Por ello, esta noticia no debería tomar por sorpresa a nadie. Donald Trump ha criticado en diversas ocasiones esas medidas. “Tengo amigos que no pueden lanzar empresas debido a que los bancos no quieren prestarles dinero a causa de las reglas y controles de la ley Dood Frank”, ha dicho el presidente Trump para justificar la invalidación de esta ley, señala el portal de economía El Blog Salmón.

Por otro lado, Trump ha configurado un equipo económico con amplia representación de ex empleados de Goldman Sachs, el poderoso banco de inversión estadounidense.

La Ley Dodd Frank responde a la necesidad de evitar que vuelvan a ocurrir episodios como la caída de Lehman Brothers. Además, muchas de sus medidas están encaminadas a proteger a los pequeños inversores en caso degenerarse excesos de la banca.

Los grandes banqueros, en cambio, siempre la han visto como un freno para desarrollar su negocio y recortar sus beneficios. Eso, a pesar de que por ejemplo, Goldman Sachs cerró sus cuentas de 2016 con incremento de beneficios netos del 22%.

 Aunque el pasado viernes Trump no dio detalles sobre cómo iba abordar el desmantelamiento de Dood Frank existe una previsible hoja de ruta, escrita incluso desde antes de su conquista de la Casa Blanca. La lideró el actual presidente de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara, el republicano Jeb Hensarling, donde acusaba a la reglamentación de 2010 de confusa, compleja y excesivamente burocrática y apuntaba las reformas más urgentes que deben acometerse.

En base a ellas, podemos esperar:

 Adiós a las entidades too big to fail, (demasiado grandes para caer)

Uno de los puntos más conflictivos de la Ley Dodd Frank para las grandes entidades financieras ha sido la creación de un Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera ( Financial Oversight Stability Board, FSB). Como su nombre indica es el organismo encargado de supervisar el sistema financiero. Entre sus atribuciones está la de identificar a los famosos “Too big to fail”. Es decir, aquellas entidades financieras que por su volumen podrían poner en peligro al sistema financiero estadounidense, en caso de que se volviera a repetir una crisis financiera como la de 2008.

Desde 2010, el FSB ha identificado a este tipo entidades, como entidades de riesgo sistémico ( Systemically Important Financial Institutions o Sifis, según sus siglas anglosajonas). Normalmente, bancos o financieras con un volumen de negocio superior a los 50.000 millones de dólares. Estas han sido obligadas a incrementar las exigencias de capital, como colchón ante futuras crisis y se les ha sometido a pruebas anuales de estrés para controlar el comportamiento de sus finanzas en casos extremos. También, se les exigió la elaboración de una especie de manual en el que tuvieron que detallar con exactitud el proceso de desmantelación del banco en caso de problemas.

Los detractores de Dodd Frank llevan años criticando la medida porque aseguran que coarta la libertad de las entidades financieras para ejercer su negocio con la rentabilidad adecuada.

La intención del equipo de Trump es que el FSB no pueda identificar como Sifis a ninguna institución. En el informe de Hensarling, a cambio se incluía un incremento de un 10% en el ratio de apalancamiento permitido.

Los liberales estadounidenses tampoco veían con buenos ojos que estos grandes bancos, demasiado grandes para caer, estuvieran en la órbita de control de la Reserva Federal y que ésta estuviera habilitada para rescatarlos con dinero público, en caso de problemas. Si Trump consigue imponer sus criterios, los grandes bancos podrán tomar muchos más riesgos en sus inversiones en los mercados de capitales, pero también deberán tener en cuenta que en caso de problemas, el Estado no tiene ninguna intención de salir a su rescate.

Recortes de cobertura para los consumidores

La Oficina Financiera del Consumidor (CFPB), creada por la Ley Dodd Frank, ha resultado muy incómoda para la banca en los últimos años. Encargada de supervisar la relación entre bancos y clientes no le ha temblado el pulso en denunciar y multar aquellas prácticas poco éticas con los clientes. Han sido objetivo de su escarnio público, por ejemplo, el Banco Santander, multado con 10 millones de dólares por engañar a clientes y suscribirlos a un servicio de cobertura que no habían solicitado. O la más sonada y onerosa contra uno de los grandes de Wall Street, Wells Fargo, que fue sancionado con 185 millones de dólares por abrir hasta 2.000 cuentas falsas a nombre de sus clientes.

Aunque todavía no lo han dicho abiertamente, todo apunta a que el futuro de esta oficina tiene los días contados. Al menos, tal y como está estructurada en estos momentos.

El fin de la Regla Volcker

Tampoco parece quedarle mucho recorrido a una de las medidas estrella implantadas por Obama: La Regla Volcker. Esta prohíbe que una misma entidad pueda hacer trading con activos de clientes y al mismo tiempo con los suyos.

Obama apostó por esta medida, copiada de las implantadas tras la crisis de 1929, para obligar a que los gestores de carteras invirtieran pensando en el beneficio de sus clientes y no en el suyo propio. Para ello, la regla Volcker no permite que los bancos invirtieran en operaciones de riesgo con su propio dinero. Una práctica habitual en los años de la burbuja financiera y, como luego se ha demostrado, base de muchos de los excesos cometidos.

Sin esta regla vigente, el camino queda despejado para que se repitan casos como el protagonizado por el financiero John Paulson, que incitaba a los bancos a crear productos estructurados con hipotecas subprime al mismo tiempo que apostaba por la caída de su valor en los mercados.

Flexibilizar el control sobre los mercados de derivados OTC

Como consecuencia de la Ley Dodd Frank, a partir de 2013 también se incrementó la regulación sobre los brokers intermediarios de operaciones fuera de mercado, lo que en jerga financiera se conoce como OTC, de cuya supervisión se ha encargado la Commodity Futures Trading Comission (CTFC). Entre los nuevos requisitos que impuso Dodd Frank a este sector están la obligación de liquidar las operaciones a través de una cámara de compensación. Exigencias de colaterales como garantía en las operaciones o la necesidad de designa un director de cumplimiento para supervisar el acatamiento de la legislación en cada entidad.

Si Trump atiende a las demandas de los grandes bancos es probable que también se liberalicen estas restricciones.

Solo reglas rentables

Finalmente, el documento de Jeb Hersaling mostraba su disconformidad con los rescates realizados por el Estado americano y el costo para los contribuyentes. Curiosamente, esta es una de las pocas cosas en la que coinciden las demandas del sector financiero con las expresadas por los anticapitalistas que hacen vida en Wall Street.

Para evitar que los contribuyentes tengan que asumir los excesos de los bancos privados o de decisiones políticas determinadas, Hersaling propone implantar la obligación de que cada nuevo reglamento financiero que se presente deba ser sometido a una prueba de costos y beneficios antes de su implantación.

El pequeño o gran escollo: la aprobación en el Senado

Pero todo esto solo puede ser posible si el equipo de Trump es capaz de superar un importante escollo: su aprobación por el Senado estadounidense. Para ello necesita recabar 60 votos, pero solo cuenta con la seguridad de los 52 que suman los representantes republicanos con los que cuenta la cámara.

El futuro del sistema financiero está ahora pendiente de las artes negociadoras de Trump y su equipo de ex Goldman. Porque, que nadie lo dude, si Trump consigue liberalizar Dodd Frank va a ser muy difícil que el resto del mundo y Europa en particular pueda seguir aplicando las restricciones que ahora dictan desde Basilea o Frankfurt.