Kellogg demandará a gobierno de Maduro por uso indebido de sus marcas

La empresa de alimentos estadounidense Kellogg informó que ejercerá «las acciones legales pertinentes» por la apropiación de sus activos y el uso indebido de su marca en Venezuela, país en el que sus instalaciones fueron expropiadas en mayo de 2018 por el gobierno de Nicolás Maduro.

«Reafirmamos que el uso de nuestras marcas no se encuentra autorizado en el territorio de Venezuela por virtud de la expropiación y toma de nuestras operaciones por parte del Gobierno de Venezuela desde el pasado 15 de mayo de 2018», indica la compañía en un comunicado difundido en medios.

La compañía denunció «la apropiación, uso y comercialización indebida» de sus activos en suelo venezolano, donde operó por más de 100 años, y adelantó que ejercerá «las acciones legales pertinentes».

En su comunicado, sostiene que los productos «ostentan ilegalmente las marcas Kellogg» y advierte que la empresa «no produce ni comercializa, de forma directa o indirecta, ninguno de sus productos en Venezuela».

En mayo del 2018 la empresa norteamericana comunicó el cierre indefinido de Alimentos Kellogg, la filial que operaba en Venezuela, a través de un aviso en el que informaba que «se ha visto forzada a cesar sus operaciones en el país».

Tras conocerse el cierre, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció la expropiación de las instalaciones de Alimentos Kellogg y luego se reiniciaron operaciones bajo control estatal.

En los supermercados se consiguen productos con las marcas de la compañía estadounidense como Corn Flakes y Zucaritas, cuyos empaques además tienen impresos logos del «Gobierno Bolivariano de Aragua», la región en la que están ubicadas las plantas expropiadas y cuyo titular es el dirigente oficialista, Rodolfo Marco Torres.

Según la patronal Fedecámaras, la economía venezolana ha experimentado el cierre de 370.000 empresas privadas en los últimos 20 años, el 60% de las que existían en 1998 antes de la llegada del chavismo al poder.

La empresa había desconsolidado sus operaciones, como la mayoría de las multinacionales presentes en Venezuela, y valorado su negocio en 72 millones de dólares. Esta acción penal se esperaba desde hace meses.

La legislación de propiedad intelectual en Venezuela data de los años 50 del siglo XX, porque después del retiro del país de la Comunidad Andina de Naciones, quedó sin efecto la normativa comunitaria que regía en el país.

Kellogg es un caso flagrante de violación de la propiedad intelectual, pero no es el único. El gobierno sigue usando marcas como Diana, para la producción de aceites y Fama de América, para la comercialización de café, entre otras procedentes de empresas expropiadas.

Las empresas caucheras Pirelli y GoodYear, que cerraron plantas en Venezuela, advirtieron expresamente la prohibición del uso de sus denominaciones comerciales en caso de que sus plantas fuesen ocupadas.