La Cámara de Diputados de Bolivia, controlada por el oficialismo, aprobó este jueves una ley para cobrar un impuesto anual y permanente a las fortunas individuales por encima de los 4,3 millones de dólares y la derivó al Senado para su ratificación.
Ese cuerpo legislativo también aprobó otra norma para la devolución de un 5% de todas las compras facturadas a personas con ingresos menores a 9.000 bolivianos (unos 1.293 dólares). Ambas leyes fueron saludadas por el presidente Luis Arce.
«Saludamos que la Cámara de Diputados haya aprobado dos importantes proyectos de ley dirigidos a reactivar la economía, como son el reintegro del RE-IVA a los trabajadores que perciban un salario mensual igual o menor a Bs 9.000, y el del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF)», reaccionó Arce en Twitter.
La Ley, según explicaciones previas del Ministerio de Economía, establece una base imponible progresiva: 150.000 bolivianos (unos 21.500 dólares) a personas con fortunas de 30 millones a 40 millones de bolivianos (de 4,3 millones a 5,7 millones de dólares).
Asimismo, se aplicará una alícuota de 600.000 bolivianos (86.200 dólares) a las fortunas de 40 millones a 50 millones de bolivianos (de 5,7 millones a 7,2 millones de dólares). El impuesto será progresivo a mayor riqueza.
El gobierno estima recaudar con el nuevo impuesto unos 105 millones de bolivianos anuales (15,1 millones de dólares).
El diputado del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Yujra, explicó que la nueva tasa impositiva alcanzará a 150 ciudadanos del país, quienes cuentan con fortunas por encima de los 4,3 millones de dólares.
El economista Gary Rodríguez, gerente del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), dijo esta semana a la AFP que el nuevo impuesto «es una señal que preocupa a los inversionistas locales y extranjeros».
El diputado del partido opositor derechista Creemos José Carlos Gutiérrez criticó que los ingresos generados por la nueva alícuota se destinará al Tesoro General de la Nación, y «que será para alimentar la burocracia, cuando propusimos que vaya para la salud».
Como es una ley del poder Ejecutivo que controla el Congreso, es un hecho la ratificación por parte del Senado, que comenzará esta semana a tratar la ley.
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