Diferencias entre gobierno y AN sobre reforma de Ley de Hidrocarburos frenan avance de alianzas de Pdvsa con privados

La empresa estatal venezolana Pdvsa ha firmado contratos de reactivación de negocios aguas arriba para incrementar la producción petrolera con alrededor de dos docenas de empresas, pero es poco probable que la actividad despegue antes de que se establezcan más garantías legales y políticas, dicen funcionarios del gobierno venezolano a Argus.

Los nuevos Acuerdos de Servicios Productivos (ASP), que Pdvsa empezó a firmar el año pasado junto con una ley antibloqueo, darían a los nuevos socios el control operativo y financiero y un mecanismo para recuperar deudas pasadas, a cambio de cubrir el gasto de capital y operativo.

Con el sector privado al mando, en teoría las empresas no estarían sujetas a las sanciones petroleras impuestas por EE.UU. a Pdvsa, pero no está claro si la administración estadounidense estaría dispuesta a tolerarlas.

Otro posible punto de fricción es el comercial. Aunque los nuevos socios de la petrolera estatal tendrían derechos de comercialización, las sanciones y los inminentes cambios fiscales en China limitarían las opciones de destino.

El plan de reactivar miles de pozos inactivos o de bajo rendimiento no es nuevo. Tanto Pdvsa como la oposición política de Venezuela han elaborado planes para aprovechar la experiencia local infrautilizada para reactivar la producción.

En los últimos años Pdvsa ha firmado contratos limitados con empresas oscuras que se desvanecieron con pocos resultados tangibles. Esta nueva cosecha de acuerdos es más concreta, ya que implica a socios más establecidos y abarca campos de petróleo y gas natural en la división oriental y occidental de la organización, así como en la faja de petróleo pesado del Orinoco.

Entre las empresas occidentales que siguen de cerca el proceso se encuentra Chevron, que está a la espera de la renovación de una exención de sanciones restringidas, y las empresas de la UE Repsol y Eni, que tienen operaciones limitadas de petróleo y gas dentro del país. Las empresas estatales chinas, con vínculos de larga data con el Pdvsa, también están comprometidas en silencio.

 – Reticencia a avanzar sin reformas –

Aunque los ASP están en marcha, algunos de los nuevos socios -una mezcla de contratistas locales e intereses extranjeros- son reacios a ejecutar los contratos hasta que se reforme la Ley de Hidrocarburos, que obliga a una participación mayoritaria de Pdvsa para dar un mayor papel al sector privado.

Aunque la ley antibloqueo de 2020 permite que el sector privado tome las riendas de los negocios acordados, fue aprobada por la ya desaparecida Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y no por la Asamblea Nacional, lo que le confiere una débil posición institucional.

El parlamento está ahora en manos del gobierno después de una legislatura controlada por la oposición, respaldada por Estados Unidos, pero algunos legisladores en ejercicio, que pertenecen al partido socialista gobernante del presidente Nicolás Maduro (PSUV), están, sin embargo, denunciando que los contratos adjudicados directamente son una privatización furtiva de la industria petrolera nacional.

«Pdvsa y sus contratistas de servicios petroleros venezolanos están listos para comenzar a trabajar de inmediato, pero hasta que la Asamblea Nacional reforme la Ley de Hidrocarburos. Las ASP carecen de un marco legal necesario para asegurar a las empresas, sus inversores y proveedores de equipos que los términos y condiciones de los ASP son legalmente transparentes y vinculantes para todas las partes», dijo un funcionario del ministerio de petróleo.

«Los potenciales inversores con bases de capitalización mucho más grandes y con experiencia están siguiendo de cerca el impulso del gobierno para reformar la ley  antes de decidir si los riesgos a futuro son aceptables», agregó el funcionario.

Los legisladores del PSUV Jesús Farías, quien preside la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea, y Ángel Rodríguez, jefe de la Comisión de Petróleo y Energía, han rechazado los ruegos del gobierno para reformar la Ley de Hidrocarburos durante varias reuniones con el ministro de Petróleo Tareck El Aissami y el presidente de la petrolera estatal Asdrúbal Chávez desde febrero pasado.

«Creemos que la Asamblea debe aprobar la Ley Antibloqueo para garantizar su legalidad y constitucionalidad antes de permitir cualquier debate sobre posibles reformas a la Ley de Hidrocarburos, que fue modificada por última vez en 2006«, dijo Rodríguez.

«La aprobación de la Ley Antibloqueo por parte de la Asamblea institucionalizará las garantías legales de los aliados de Pdvsa y de otras inversiones petroleras y gasíferas sin requerir ninguna reforma de la Ley de Hidrocarburos«, dijo Farías.

Pdvsa produce actualmente menos de 500.000 barriles por día de crudo, lejos de los 3 millones  barriles de los años 90.

Un alto colaborador de Maduro dice a Argus que los ASP son un «modesto comienzo que no logrará la escala de inversión que Pdvsa necesita a menos que las reformas de la ley petrolera sean aprobadas por la asamblea. La Ley Antibloqueo no es suficiente«.