Análisis | Regulaciones económicas frenan integración de migrantes venezolanos en la región

Venezuela está en el corazón de la peor crisis de refugiados que el mundo ha visto desde la guerra civil en Siria, la cual culminó en 2017 con el éxodo de más de 6 millones de sirios.

Ahora, alrededor de 4,3 millones de venezolanos —igual a 15% de aquellos que permanecen en el país— han huido del prolongado colapso económico y político de su país natal. La Organización de Naciones Unidas estima que el número podría elevarse a 5,4 millones de personas para fines de este año. Muchos se han ido legalmente como inmigrantes. Otros son refugiados o solicitantes de asilo. Todavía otros están arriesgándose a cruzar de manera ilegal.

Los países latinoamericanos han respondido al flujo con medidas cada vez más severas. Luego de una inicial política de puertas abiertas hacia los refugiados venezolanos, Ecuador y Perú impusieron nuevos controles fronterizos. Juan Sebastián Roldán, un funcionario del gobierno ecuatoriano, dijo que las nuevas medidas redujeron el flujo entrante de 2.000 cruces diarios en agosto a cerca de 50.

A principios de septiembre, el canciller peruano Néstor Popolizio dijo que la migración venezolana había caído en un 90% desde que los nuevos controles fueron implementados a mediados de junio.

Las políticas restrictivas de Ecuador y Perú solamente empujarán a los venezolanos hacia realizar cruces peligrosos e ilegales. Dada la magnitud de la crisis, en lugar de tratar de hacer que el problema desaparezca, es tiempo de que los países latinoamericanos empiecen a planificar cómo acomodarán a los venezolanos a largo plazo.

Los venezolanos necesitan la oportunidad de trabajar, tanto para mantenerse como para estimular las economías de los países donde están viviendo. Finalmente, acomodar a estos exiliados requerirá que los países anfitriones liberalicen sus economías de tal manea que sean capaces de absorber a los nuevos inmigrantes.

Investigaciones económicas recientes muestran que esto es posible. En nuevos estudios académicos, uno de los autores de este artículo, junto con otros investigadores, analizaron cómo Israel y Jordania se adaptaron a auges masivos de refugiados durante la década de los 90. Como reacción, ambos países fueron capaces de abrir sus economías al hacer cosas como reducir barreras comerciales, asegurar los derechos de propiedad, y reducir las regulaciones.

Por ejemplo, el gobierno jordano redujo los impuestos sobre la renta y el capital y propuso reemplazar la recaudación perdida con un impuesto nacional a las ventas. El gobierno si redujo los impuestos pero retardó por años el impuesto nacional a las ventas, declaró exentos de dicho impuesto a muchos productos, y terminó reduciendo la tasa máxima propuesta de 12% a 7%. En cambio, el gobierno financió la reducción en la recaudación despidiendo empleados del sector público. En Israel, la administración se embarcó en una bonanza de privatizaciones.

Como resultado de esto, según el índice de libertad económica publicado por los institutos Cato y Fraser, el puntaje de libertad económica de Israel aumentó desde 4,48 sobre una escala de 10 en 1990 a 6,84 una década después. El puntaje de Jordania aumentó de 5,43 en 1990 a 7,06 durante el mismo periodo. Y aunque los kuwaití-palestinos llegaron en medio de una recesión severa, ayudaron a estimular la economía jordana.

Poco después de que el auge migratorio culminara en 1991, el PIB de Jordania creció 1,6% en 1991 y 14,4% en 1992, siendo este año la primera vez en la historia del país en que la recaudación del gobierno cubrió sus gastos. Esta no fue la típica recuperación tímida que había caracterizado a las recuperaciones económicas en el pasado de Jordania, y la siguiente bonanza de inversiones ayudó a fortalecer el crecimiento.

La economía de Israel también se estimuló, desde un crecimiento anual del PIB de 3,2% en la década de los 80 hasta llegar a 5,7% en los 90. Las reformas de libre mercado, provocadas por el auge de refugiados, marcaron una gran diferencia.

Estos casos ofrecen muchas lecciones para hoy. En ambos casos, la escala del reto fue enorme. Los refugiados judíos soviéticos que llegaron a Israel a mediados de los 90 aumentaron la población nacional en un 20%. Alrededor del mismo tiempo, la primera Guerra del Golfo Pérsico envió tantos Kuwaitis de descendencia palestina a Jordania que aumentó la población de ese país en alrededor de 10% en un solo año.

En ambos casos, además, las fricciones culturales entre las poblaciones existentes y los recién llegados eran limitadas. Los judíos soviéticos, aunque eran más seculares que los israelitas, de todas formas tenían algunas similitudes culturales y religiosas con sus anfitriones. Los palestinos kuwaitíes eran musulmanes Sunni, hablaban árabe y compartían atributos culturales con los jordanos.

De igual manera, los refugiados venezolanos hablan el mismo idioma, generalmente practican la misma religión, y comparten muchos atributos culturales con aquellos países vecinos. Estas similitudes ayudan a suavizar las fricciones sociales.

En el caso de Jordania, los beneficios económicos de las reformas se dieron rápidamente, lo cual ayudó a integrar a los migrantes a la economía velozmente y magnificó el impacto de la liberalización. En América Latina, los gobiernos deberían concentrarse en reformas que, de igual forma, tengan beneficios inmediatos.

Hay, por supuesto, diferencias con los casos anteriores, pero la principal juega a favor de América. Las poblaciones de inmigrantes venezolanos son grandes y crecientes, pero todavía son mucho más pequeñas que el número de judíos soviéticos o palestinos kuwaitíes en Jordania. En Colombia y Perú, donde el flujo entrante de venezolanos ha sido más voluminoso, los inmigrantes venezolanos representan actualmente menos del 3% de la población.

Si seguimos la historia reciente de los israelitas o jordanos, a los países de América Latina les convendría empezar por liberalizar sus mercados laborales. Según el Índice de Libertad Económica, la región latinoamericana tiene los mercados laborales menos libres en comparación con cualquier otra región del mundo, lo que significa que es legalmente más caro para las empresas contratar o despedir a trabajadores que en otros países.

En lugar de hacer eso, las empresas contratan mucho menos trabajadores dado que las empresas podrían terminar atadas a un empleado que no se desempeña bien. Más allá de eso, las regulaciones restrictivas han creado gigantescos mercados informales de trabajo. En Ecuador, 46,7% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal.

Por su parte, Colombia, que ha recibido más inmigrantes venezolanos que cualquier otro país, se ubica en la posición 107 de 162 países en cuanto a la flexibilidad de su mercado laboral. Sus vecinos no están mucho mejor. Para absorber migrantes, el gobierno colombiano debería desregular sus mercados laborales, facilitar a los empleadores la contratación y el despido de trabajadores, y dificultarle a los empleados la práctica de demandar a sus empleadores por reclamos frívolos.

Los países anfitriones también tendrán que cambiar muchas de sus regulaciones de identificación, en particular las normas fronterizas que requieren normalmente documentos venezolanos de identidad y de antecedentes penales para poder ingresar al país en primer lugar. No existe un estado administrativo funcional en Venezuela, así que muchos migrantes simplemente no tienen dichos documentos.

De igual forma, incluso las tarifas mínimas para obtener la visa son imposibles de costear para los venezolanos luego de años de hiperinflación, fenómeno que ha licuado sus reservas de efectivo hasta dejarlas en casi cero. Tienen que trabajar para poder pagar los costos de la visa, pero muchos no pueden encontrar actualmente empleos legales en las economías sobre-reguladas de América Latina.

En otras palabras, los venezolanos deben poder trabajar legalmente para poder respaldarse a sí mismos y, al hacerlo, también estarán contribuyendo a las economías de sus países anfitriones. Como los escenarios de Jordania e Israel muestran, la liberalización económica puede ayudar a los países anfitriones a acomodar flujos muchos más importantes de refugiados mientras que también los puede ayudar a lograr mejores resultados tanto para las poblaciones exiliadas como para los países que los absorben.

* Los autores son investigadores del Cato Institute