Reuters: Parlamento desafía al TSJ con elección de 13 magistrados
El parlamento dominado por la oposición, nombrará este viernes a 13 magistrados de la máxima corte del país, una maniobra que desafía al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que advirtió que los nuevos jueces serían encarcelados por «usurpación de funciones».
A fines del 2015, la AN -entonces dominada por el oficialismo- designó a 13 magistrados principales y 20 suplentes del TSJ, en un proceso criticado por la oposición como «viciado y apresurado», apenas días antes que la oposición asumiera la mayoría del cuerpo tras ganar las parlamentarias.
«La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró nulo el proceso a través del cual la Asamblea Nacional pretende nombrar a un grupo de magistrados del máximo juzgado del país», dijo el TSJ la noche del jueves en una nota de prensa.
El TSJ explicó que basó su decisión, entre otros aspectos, en que los períodos de los jueces no están vencidos y advirtió que quien «indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles o militares será reo de delito por usurpación de funciones».
La disputa entre poderes ahonda aún más la crisis política en Venezuela, donde millones han salido a las calles desde abril para protestar contra lo que consideran una «dictadura» del presidente Nicolás Maduro.
El jueves, la oposición convocó a un paro cívico que fue masivamente acatado, pero que terminó con al menos tres muertos tras enfrentamientos con la fuerza pública. En los últimos meses, casi 100 personas han fallecido.
Maduro asegura que las protestas sólo buscan derrocarlo y ha prometido seguir adelante con su polémica iniciativa de cambiar la carta magna a través de una Asamblea Constituyente, donde no participará la oposición.
Los magistrados del TSJ tienen entre sus funciones declarar si existe mérito para el enjuiciamiento del presidente, vicepresidente, ministros, diputados, diplomáticos y demás funcionarios. Además, son los encargados de dirimir controversias entre los poderes públicos y tienen la potestad de vetar leyes aprobadas por la propia Asamblea Nacional.
La Constitución establece que los miembros de los poderes públicos deben ser nombrados con la aprobación de los dos tercios del Parlamento, pero argucias legales permitieron al oficialismo hacerlo con mayoría simple a fines del 2015.
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