Propuestas Económicas Oficialistas a la ANC
El portal Web pro-oficialista “15 y Último” publicó el 31 de agosto de 2017 un artículo titulado “¿Qué hacer? Propuesta de medidas inmediatas en defensa de la República y los derechos socioeconómicos de la población venezolana”.
Destacan especialmente dentro de las medidas en materia económica que se proponen en el mencionado artículo las siguientes:
En materia cambiaria y comercio exterior
- Reforzar el control cambiario, suspender la asignación de divisas a empresas privadas y particulares, y destinar las disponibles a importaciones directas del Estado de bienes esenciales desde países aliados.
- En el caso de excepciones que deban hacerse al punto anterior, luego de su debida y pública justificación, hacerlo por la vía financiera, no por la cambiaria. Es decir, en lugar de venderles las divisas a las transnacionales, prestárselas a interés y con garantías reales suficientes de recuperación del préstamo en divisas.
En materia de precios y abastecimiento
- No reconocer o aceptar la fijación de precios utilizando como referencia el marcador del tipo de cambio del mercado paralelo para la determinación de costos.
Estas propuestas adolecen en el ámbito normativo y en el positivo de deficiencias que no sólo ponen en entredicho su justificación a priori sino que podrían profundizar la crisis económica.
En el ámbito normativo, deliberadamente se asoma -injustificadamente y sin motivación- la absoluta conculcación de la soberanía del consumidor, la libertad económica y libre iniciativa, al proponerse que el Gobierno se arrogue derecho absoluto o “propiedad” sobre las exportaciones petroleras y en consecuencia sus ingresos y el uso de las divisas generadas.
No es poca cosa lo anterior, porque si la actividad petrolera, su producto e ingresos son de los venezolanos, asimismo el uso y asignación de las divisas debería serlo.
Adicionalmente, no existe ni teórica ni empíricamente desarrollo alguno que valide o justifique la posibilidad de que la administración centralizada y burocrática de la política cambiaría por medio de un control de cambio que determine quién produce, cuánto produce y en consecuencia qué se consume en el país, satisfaga las necesidades de los hogares y maximice el bienestar social.
La primera propuesta en materia cambiaria y de comercio exterior conjuntamente con la primera propuesta en materia de precios y abastecimiento constituye la receta perfecta para disparar el desabastecimiento, la inflación y profundizar la crisis y la recesión económica por forzar al cierre a numerosas empresas. Lejos de reformar la legislación cambiaria en la medida que se cierre el acceso a las divisas “oficiales”, reconociendo los mercados alternativos a los que se acuda -mercado paralelo ante la insuficiencia de oferta oficial- se pretende, por el contrario, prácticamente prohibir de facto cualquier actividad económica que no se encuentre amparada en el acceso a un mermado régimen cambiario, desconociéndose el principio de reposición y sus costos asociados.
El segundo punto en materia cambiaria, referido al acceso a transnacionales o empresas privadas a las divisas oficiales en modalidad de préstamos, si estas empresas atienden a mercados domésticos, tendría que reconocerse la reposición de las divisas en el mercado paralelo y su costo respectivo -de lo contrario esta propuesta resultaría absurda, vacía, no viable-.
En el caso que se pretenda fomentar especialmente el acceso a las divisas oficiales a cierta actividad económica específica, por ejemplo porque su producto se entiende fundamental en el consumo de la sociedad, lo anterior debería estar justificado por un lado por la validación de sus efectos externos positivos que pueden hacer que sin intervención pública su nivel de consumo sea bajo, y por el otro lado, no debería implicar la prohibición absoluta de acceso a todo el universo de actividades económicas que cuentan con preferencias, gustos y demanda por parte de los hogares venezolanos.
Una verdadera Oferta Pública o una subasta efectiva de las divisas oficiales, llevaría a acceder a aquellas empresas que cuentan con los ingresos suficientes producto de la preferencia por parte de los consumidores venezolanos y no el parecer de un funcionario o producto de su soborno.
Finalmente, la tozudez de insistir en un control generalizado de precios basado en costos a pesar de su absoluto fracaso, augura más de lo mismo. Respecto a este tema, la propuesta adolece de:
- Pretender actuar sobre los efectos y no sobre las causas.
- Los controles de precios basados en costos resultan pedestres, distorsionantes y carecen de incentivos en favor de la eficiencia.
- El control de rentabilidad genera distorsiones en la contratación de los factores productivos.
- Los controles basados en costos se exponen a enormes problemas de asimetrías de información y de selección adversa, que ponen de manifiesto la imperfección por naturaleza del regulador.
- En escenarios inflacionarios, los rezagos en los ajustes de los precios regulados conducen a pinzamientos de márgenes que generan una caída de la oferta, la actividad económica y un repunte del desabastecimiento -y en consecuencia la inflación-.
Lo más probable es que el alto Ejecutivo en la actualidad sólo cuente con la estrategia políticamente desgastada y económicamente distorsionante de un nuevo ajuste de sueldo divorciado de la productividad del trabajo, afianzando la indexación inflacionaria y su inercia.
*Economista UCV. Profesor de Economía Gerencial, UNIMET. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Master en Economía y Derecho del Consumo, UCLM.
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