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25/07/2017 11:49 AM

Luis Vicente León: Participación en ANC no sería mayor a 30%

El director de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, consideró en declaraciones reproducidas por la revista Semana que el tope de participación al que puede aspirar el gobierno en las elecciones a la Asamblea Constituyente es de 30%.

De acuerdo con el analista, un buen porcentaje de los votos sería inducido a través de los programas sociales y las nóminas estatales.

Según explica la publicación, en una reunión privada de inversionistas, un analista venezolano explicaba el pasado jueves que avanzar más allá del 30 de julio es fundamental para Maduro, pues con los poderes extraordinarios podrá tener leverage para negociar con sus opositores.

El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, sería un convencido de que la negociación política es inminente y que suspender la ANC podría abrir los cauces. Pero su voz no ha sido suficiente y la elección va.

“No veo a los dirigentes de la oposición con capacidad para detenerla, pues hay una voluntad estratégica firme del gobierno de avanzar en esa materia”, señaló al respecto el politólogo John Magdaleno.

Según Magdaleno, el planteamiento de ir a una constituyente presenta “un formato estratégico similar al del presidente (Hugo) Chávez entre julio de 2001 y 2004, cuando precipitó la crisis para buscar reequilibrar al régimen”. El también director de la firma Polity deja abierta la posibilidad de que a Maduro le salga el tiro por la culata.

“Él está intentando utilizar la constituyente para neutralizar a la oposición, reencuadrar estratégicamente la disputa, y debilitar a los factores internos de descontento que pudieran configurar una nueva coalición. Me temo que esa jugada le puede costar el cargo y la legitimidad del sistema político”.

Magdaleno observa un equilibrio chavista precario. “Para mí es claro que la transición se puede acelerar en la medida en que más sectores se unan en una coalición que involucre al chavismo descontento, que como la oposición ve en la permanencia del gobierno una amenaza”. No obstante, aún su escenario más probable tiene a Maduro sentado en Miraflores, al menos, hasta 2018.

Según las propias declaraciones de voceros del oficialismo, la constituyente servirá para apuntalar la hegemonía política. Las campañas dicen que buscan solventar problemas económicos. Algunos candidatos ‘del pueblo’ proponen volver norma constitucional la inamovilidad laboral y hasta la entrega de bolsas de comida, pero los dirigentes confirman las intenciones reales. “Que Maduro siga gobernando”, dijo Cilia Flores, la primera dama. “Aniquilar a la derecha”, soltó el exfiscal Isaías Rodríguez. “Revisar la noción de debido proceso”, asomó el exministro Elías Jaua. Asumir las funciones de la Asamblea Nacional, ha dicho una y otra vez Diosdado Cabello. Meter presos a opositores, confirmó Nicolás Maduro este jueves en referencia al primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara. Todo un mundo para negociar.

Pero lo que más preocupa hasta ahora al gobierno es la foto, que la participación luzca masiva. Por eso el CNE activará el 30 de julio los 14.515 centros utilizados para las parlamentarias de 2015, pero redujo la cantidad de mesas electorales de 40.601 a 24.138. Así, buscarían generar un efecto embudo que alargue colas y muestre cierta congestión.

¿Y los uniformados qué?

Henrique Capriles dice que “dentro de la Fuerza Armada además hay una completa división” con respecto a la constituyente. El exministro de Interior y militar retirado Miguel Rodríguez Torres ha dicho que la ANC “rompió la unidad monolítica de la Fuerza Armada” (FAN).

Maduro ha hecho todo lo posible para asegurarse apoyos castrenses. En junio, obligó a las diez promociones más jóvenes de la FAN a escuchar charlas que ensalzaban la iniciativa. Más adelante, incluso, invitó a algunos de estos oficiales a almuerzos y les ofreció vehículos y vivienda, reveló el periodista Javier Ignacio Mayorca.

Por otra parte, el Ministerio de la Defensa entrena tropas para activar la Operación Flecha, una fase más letal del Plan República que resguarda eventos electorales.

Entretanto, el 5 de julio, un grupo de generales de los cuatro componentes remitió al secretario general de la OEA una misiva en la que sugieren que no acatarían la orden de ir contra la población civil, en el caso en que lo ordene el presidente Maduro. Y continúan las detenciones de oficiales generales, superiores y subalternos que han expresado su rechazo a la iniciativa constituyente.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, ha reiterado que los militares defenderán la constituyente y llamó a participar en su elección. Ello a pesar de que la pregunta más votada en la masiva consulta popular del 16 de julio fue, justamente, la que emplaza a la Fuerza Armada a defender la Constitución vigente y acatar las decisiones de la Asamblea Nacional.

Mientras tanto, la represión no amaina. Este jueves 20, durante un paro nacional, se registró la mayor arremetida: 367 detenciones, 34 heridos de gravedad –15 por balas– y 4 muertos en una sola jornada.

Entorno internacional

“Los organismos multilaterales no están en su mejor momento y Caracas está sacando ventaja de esas tensiones”, expone el internacionalista Carlos Romero. Ello obliga a prestar más atención a los efectos de la condena internacional y de las sanciones unilaterales, como las que anunció el gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, afirmó el jueves que “Estados Unidos tomará fuertes y rápidas acciones económicas” si se impone la ANC.

Se trata de medidas que afectarían el corazón del negocio petrolero, la savia fundamental de la revolución bolivariana, y marcar las relaciones con otras naciones. Si Washington afecta la compra de crudo, siendo de los pocos clientes que paga puntualmente, la estatal PDVSA podría declararse en default y no cumplir sus compromisos adquiridos.

Las amenazas de sanciones de Trump además se registran en una etapa en la que el envío diario de barriles a Estados Unidos ha aumentado. Las cifras de USA Trade Census Bureau muestran en los tres primeros meses de 2017 un aumento de 88,91 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2016.

Y la tendencia se mantiene: solo Estados Unidos paga en efectivo la compra del oro negro. Desviar el negocio hacia China, el segundo gran comprador de Venezuela, significaría entregar efectivo que los asiáticos usarían para amortizar sus créditos.

De hecho, los ingresos de PDVSA han caído por la baja en la producción, que está en 2,1 millones de barriles diarios con un precio promedio de 43 dólares. La contracción se refleja en el saldo de las reservas internacionales que se encuentran en 9.900 millones de dólares, un nivel históricamente bajo. El propio Diosdado Cabello dijo el jueves que ya Estados Unidos ha bloqueado “toda posibilidad de financiación a la revolución”.

Y aunque dentro del país se imponga la tesis de que la presión foránea no tiene efectos ciertos, “allí están las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al igual que sus detallados informes. También las dos Evaluaciones Periódicas Universales que han hecho las Naciones Unidas a Venezuela y los tres informes presentados por el secretario general de la OEA, así como las denuncias que vienen alimentando expedientes en la Corte Penal Internacional”, enumera la también internacionalista Elsa Cardozo.

La apuesta de Maduro es fuerte y no tiene marcha atrás. Con un pueblo que ya demostró que no lo quiere, con el chavismo resquebrajado y con una oposición en condiciones de paralizar el país, la única salida que le queda a su régimen es reprimir los escenarios de expresión democrática y militarizar aún más el gobierno. La gran pregunta es hasta cuándo seguirá teniendo el apoyo de las Fuerzas, hoy por hoy el mayor pilar de su régimen.

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