Semana del 29/5/20 al 05/6/20
Semana del 29/5/20 al 05/6/20
Palabras del Editor

Venezuela entra en una realidad que requiere de un nuevo pacto social

El país entra en una nueva fase que, más allá de los cambios concretos de la nueva normalidad que comienza, prefigura una larga lucha por la recuperación de la economía y que, por supuesto, pasa por un debate profundo y abierto sobre las estrategias que se deben seguir para salir, también, del virus combinado de recesión e inflación.

Bien dice el presidente Nicolás Maduro que, por ejemplo, la gasolina hay que pagarla. Y también se deberían pagar los servicios públicos. Pero, antes de hacer que los ciudadanos cumplamos con el deber básico de pagar por lo que consumimos; ¿no sería deseable que se nos explicara cómo vamos a hacer para tener gasolina de la calidad adecuada, para proteger a un activo valioso como nuestros vehículos, y sin hacer colas gigantescas? ¿Cómo se va a recuperar la industria petrolera?

Claro que es justo pagar un precio adecuado por la electricidad, el agua potable y las telecomunicaciones, entre otros servicios; pero sería un requisito mínimo exigir la presentación de una estrategia creíble, elaborada por personal técnico calificado y con un claro consenso político, para hacer que estos servicios, hoy hundidos en un deterioro extremo, funcionen lo suficientemente bien como para que las actividades de la población se desarrollen con normalidad.

El único objetivo de política pública no debe ser el racionamiento sin identificar y resolver las barreras que producen la escasez.

Obviamente, estamos de acuerdo con una reapertura ordenada de la economía. Lo hemos pedido por diversas vías; pero nos preocupa que justo en el momento en el que estamos viendo un volumen mayor de casos de coronavirus, no se tomen las medidas necesarias para frenar el brote y que la responsabilidad recaiga, al final, sobre el sector privado.

Hemos visto, a lo largo de los últimos años, como se ha hecho costumbre que los subsidios del sector público se trasladen al sector privado. Por ejemplo, se decreta una inamovilidad laboral absoluta, sin ninguna política detrás para generar empleo. Ese tipo de cosas no pueden, no deben, seguir pasando.

Las empresas venezolanas han estado sometidas a presiones insostenibles y, sin embargo, un número cada vez más reducido ha logrado resistir; pero ha llegado el momento en el que estamos en la obligación de exigir un cambio de rumbo consensuado, porque de lo contrario estaremos condenados a una economía de mínimos, sin visión de futuro, de mera subsistencia, con mercados volátiles e insostenibles, una población cada vez más empobrecida y sin capacidad para generar riqueza de manera sustentable.

El Covid-19 debería dejarnos lecciones muy claras, ya no solo como empresarios, profesionales, trabajadores, sino como ciudadanos. Tenemos que lograr salir de esta espiral de deterioro, y con urgencia. Cada vez será más difícil la recuperación, si en lugar de atizar los conflictos, no se produce un diálogo constructivo para resolverlos y avanzar con otra perspectiva y otro modelo.

La nueva normalidad no se trata de un simple retorno a las actividades, de establecer protocolos sanitarios que nos permitan funcionar parcialmente; se trata de establecer un nuevo pacto. Un arreglo social diferente con instituciones que funcionen, con políticas que promuevan, con una economía que se vuelque a los mercados internacionales, que sea capaz de crecer conforme a su verdadero potencial.

Desde la perspectiva de las empresas vienen retos mayores, con más presiones sobre los costos, más dificultades para vender, con un entorno de bajo poder adquisitivo y reducción del consumo; y todo ese cuadro potenciado por una pandemia que, al parecer, no será derrotada definitivamente en un plazo breve.

Ante esta circunstancia de creciente complejidad, la planificación es vital. Sin duda, habrá que modificar estructuras de funcionamiento y esquemas de financiamiento. Ciertamente, se imponen nuevos ajustes, aunque diversos estudios indican que, desde el punto de vista de personal, ya el promedio de las empresas del país está en una situación límite para funcionar.

Es evidente que este regreso a una actividad limitada, este comienzo de una nueva normalidad, nos debe obligar a evaluar todas y cada una de las áreas de la empresa, y focalizar el esfuerzo en aquellos segmentos y productos que generen verdadero valor. Hay que tomar decisiones, por difíciles que parezcan, ante el imperativo de sobrevivir y prepararse para competir.

Hoy, más que nunca, la inteligencia de negocios es una herramienta fundamental, porque una pandemia de dimensiones globales, y con consecuencias tan devastadoras –aún no vistas a plenitud- no pasará en vano.

Nos preocupa, en conclusión, que nuestros líderes no logren salir de la lógica de conflicto y no sean capaces, en un momento crítico, de avanzar con valor hacia alguna salida que signifique el arranque no de una nueva normalidad, sino de la superación de la crisis.

César Aristimuño Director de Aristimuño Herrera & Asociados

Análisis Estratégico

Los retos de la «nueva normalidad controlada»

El inicio de la “nueva normalidad controlada” luego de casi 90 días de cuarentena colectiva por el impacto del coronavirus mejora las expectativas de las empresas, pero representa nuevos retos que impactan, especialmente en materia financiera, a las organizaciones.

Para tener una idea de dónde venimos, es oportuno citar dos datos de la primera encuesta del Observatorio Digital de Productividad de Fedecámaras: en primer lugar, se reporta una paralización efectiva de 62,83% del tejido empresarial, mientras que solo 8,18% de las unidades productivas y de servicios permanece abierta de manera regular.

El otro dato es que, si continuaba el confinamiento –política a la que se puede eventualmente regresar, porque el pico de la pandemia en Venezuela aún no se ha producido- 46% de las empresas advirtió que su planificación de flujo de caja le permitía resistir entre 1 y 6 meses; al tiempo que un alarmante 36% dijo que solo tenía combustible financiero para soportar entre 1 y 4 semanas.

Era evidente que una nueva prórroga de la cuarentena es una opción prácticamente inviable. De acuerdo con la información que manejamos, lo que pudiera venir es un régimen de cuatro horas de actividad promedio por día, que eventualmente se extendería a seis, al término de las tres fases de desconfinamiento, las cuales, si la curva de contagios no se descontrola, podrían terminar entre octubre y noviembre, como escenario optimista.

En este contexto, la reapertura parcial significa varios retos nuevos:

Movilización del personal: La escasez de combustible, especialmente gasolina, ya ha obligado a las empresas que están trabajando, como en el caso específico del sector alimentos, a generar rutas propias de movilización y a planificar las labores con nómina reducida. La consecución de carburante significa un costo relevante, pues se estima que alrededor de solo 10% de las empresas de sectores priorizados cuenta con algún suministro regular garantizado. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el golpe de la falta de combustible ha sido especialmente letal. Se recomienda tener la solución de este asunto como una prioridad dentro de la planificación, porque se ha detectado como el factor con más impacto potencial sobre la reactivación.

Financiamiento: El propio gobierno ha venido promoviendo la emisión de títulos en el mercado de valores, y se ha comprometido con empresas de diversas actividades a crear las condiciones para que este sector funcione de manera adecuada; de hecho, en los primeros cuatro meses del año se autorizaron 75 emisiones, 10 más de todas las autorizadas durante 2019, mientras que la capitalización de mercado pasó de US$1.000 millones al cierre del año, a US$1.400 millones al término del primer trimestre. Este dato revela una creciente demanda, que se focaliza en proporciones similares  en renta variable y renta fija, demostrando un interés por parte de las empresas, en este mercado.

Aunque luce sana la intención de promover el mercado de valores, hay limitaciones importantes que impiden que, aún con la recesión profunda de la economía actual, este sector pueda sustituir en una medida suficiente el financiamiento bancario. Estimamos que, en las próximas semanas, se anuncie una nueva liberación de encaje legal bancario, para dinamizar algo de crédito.

En general, las empresas se financian con gestión de flujo de caja, lo que supone un retroceso de las inversiones que, en algunas empresas, supera 60%, tanto en capacidad de producción como en adquisición de insumos.

Es importante apuntar a fuentes de financiamiento que permitan dar mayor capacidad de crecimiento y apalancamiento sostenible al negocio.

– Costos de prevención: La prevención del contagio del Covid-19 tiene un doble impacto financiero: los gastos asociados a la prevención misma, que suponen la dotación de mascarillas tapabocas, guantes, desinfectantes y hasta equipos de control de temperatura para asegurar que no existan brotes, y por la otra una reducción efectiva de facturación por jornada reducida y clientela controlada.

Veamos, por ejemplo, la situación del sector de exhibición cinematográfica, para colocar un ejemplo gráfico. Este es un sector cuya venta de boletos ha caído, en términos de volumen, 65% en los últimos tres años. Aparte de los impactos propios de la crisis local, también enfrenta un cambio global de modelos de consumo de entretenimiento. Estas empresas deberán reabrir con una limitación de acceso de hasta 50% de aforo. En consecuencia, queda la duda de si es válido abrir o no, en esta circunstancia.

– Caída agresiva del consumo: Informaciones recientes de empresas del sector muestran cifras muy graves de contracción del consumo. Por ejemplo, se estima que el consumo per cápita de carne puede acumular una contracción de 70% al cierre del año, y la ingesta de lácteos caer en un 60%.

Un estudio reciente de una consultora internacional revela que el patrón de consumo de los venezolanos en categorías claves -cesta básica, cuidado personal, salud y limpieza del hogar-  durante el período de cuarentena, muestra que, en general, demandan estos productos en niveles inferiores al resto de América Latina.

Por ejemplo, en cuanto a adquisición de la cesta básica, mientras un promedio de 16% de la población regional indica que compra menos productos de la canasta, en Venezuela ese porcentaje alcanza a 22%. En la categoría de salud, el menor consumo en la región representa 20% de población en promedio, mientras que Venezuela alcanza a 28%.

Estos datos deben hacer pensar en un manejo muy controlado de los inventarios, especialmente en categorías distintas a las citadas que, por el brote de Covid-19, concentran una mayor proporción de la demanda.

El poder adquisitivo del venezolano, que está en alrededor de 46% promedio por debajo del resto de América Latina, es un problema fundamental, y parece muy difícil de enfrentar cuando el gobierno tiene tan poco margen para aplicar programas de estímulo, más allá de algunas tímidas concesiones de carácter tributario, como modificar los plazos de pago del IVA y, quizás, otros tributos.

De acuerdo con consultas que hemos realizado entre clientes de la firma, estamos observando un severo estrechamiento de márgenes y reducción de las redes de distribución. Hay empresas, caso sector alimentos, que están, incluso, vendiendo a crédito de corto plazo, o a consignación, en caso de productos perecederos, con el objetivo de estimular la rotación.

Las estrategias comerciales han modificado prioridades: un valor importante es la conservación de la cadena de valor, por lo que los precios, a nivel de productores, son más concertados con los distribuidores en un proceso de estrechamiento de márgenes que ayude a equilibrar la carga.

Los procesos se han complicado en extremo y las organizaciones se han visto obligadas a hacer ajustes. De acuerdo con datos que hemos recopilado 47% de las empresas decidió congelar costos de nómina y eliminar bonificaciones extraordinarias. En el caso específico del comercio, este porcentaje puede llegar a 54%.

En concreto, las empresas deben desarrollar un protocolo de prevención para enfrentar el potencial contagio de Covid-19 y también deberían crear otro protocolo de retorno a la nueva realidad, adaptado a otras condiciones, muy complejas, y a cambios de hábitos de consumo que se desarrollan, aunque todavía no estén muy claros.

Las empresas deben analizar con agudeza, ante un mercado más pequeño y un consumidor con cambios de preferencia, los riesgos del negocio.

Una pregunta clave puede ser si su empresa está sobredimensionada en alguna área. Igualmente, hay que determinar nuevas opciones si el consumidor no responde a la propuesta de valor cómo se espera.

Otras tres preguntas medulares en la actual coyuntura: ¿Se pueden trasladar de manera directa los incrementos de costos a los precios? ¿Están, en consecuencias, optimizados los costos de la empresa? ¿Qué tan eficientes son los canales de distribución actuales, tanto en costos como en llegada efectiva a los consumidores?

Estas, en nuestra opinión, son preguntas claves cuyas respuestas deben debatirse en las directivas de cada empresa y ser puntos de discusión en las reuniones de los comités de planificación estratégica, más allá de la contingencia.

Aristimuño Herrera & Asociados

Gráfico de la Semana
Una nueva institucionalidad para el mercado de valores

El ejecutivo nacional está desarrollando una estrategia completa de modernización del mercado de capitales, a fin de incentivar de manera más contundente a las empresas para que asuman esta vía como mecanismo de financiamiento. Se están tomando algunas decisiones que podrían acompañar este propósito:

– Adopción de un mecanismo más expedito de aprobación de las emisiones, cuyos plazos constituían una de las mayores limitaciones de acceso al mercado. Se está optimizando un mecanismo digital de presentación y revisión de recaudos, para que el plazo máximo sea de dos semanas.

– Reactivación de la Bolsa de Productos Agrícolas, cuya normativa ya fue aprobada. Habrá mayor flexibilidad para asegurar el acceso a más actores.

– Adecuación de las normas a los estándares de control de activos del GAFI.

– Se estudian nuevas normas de Gobierno Corporativo, que garanticen más transparencia a los inversionistas.

– La posibilidad ya vigente de emitir títulos en moneda extranjera. La norma prevé que se pueden ofrecer títulos en divisas foráneas, como papeles comerciales, obligaciones y cualquier otro producto permitido según la normativa referida a instrumentos de renta fija.

– La ampliación de los actores de mercado con estándares más exigentes de certificación. En concreto, se han habilitado dos nuevos fondos mutuales, dos sociedades de promoción de inversiones, cuatro nuevas sociedades de corretaje.

– La adopción del pagaré bursátil, como instrumento de financiamiento de corto plazo.

Escenarios

Las empresas solas frente a la pandemia

Cuando se aprobó el decreto de Estado de Alarma Nacional y se declaró la cuarentena colectiva, desde el pasado mes de marzo, el gobierno nacional anunció la adopción de una serie de medidas con las cuales se aspiraba a mitigar el impacto económico de un cierre prolongado.

¿Cuáles han sido los resultados de esas medidas?

A los efectos de responder esta pregunta, hemos recopilado estudios de gremios y cámaras regionales, que brindan un panorama claro sobre cuál ha sido el papel del sector público en el sostenimiento de la economía, durante este período de contingencia.

Una de las decisiones que el Ejecutivo anunció fue un subsidio de nómina para empresas consideradas pequeñas y medianas. Según los datos conocidos, 76% de las organizaciones no solicitó este apoyo, a través de la plataforma Patria. Las razones son diversas. Entre ellas, las recurrentes fallas del sistema de registro y la carencia de información adecuada.

La inamovilidad laboral se demostró como una medida innecesaria y, por lo tanto, sin efectividad real. De las diferentes encuestas realizadas por gremios, se extrae el dato de que 15% de las empresas hizo alguna reducción de nómina durante la contingencia.

Lo que sí está muy comprometido es la posible creación de nuevos empleos. Los estudios muestran una mínima disposición a incorporar personal, tanto fijo como eventual. Un promedio de 96% de las compañías encuestadas en los diferentes sondeos a la mano sostienen que se quedarán con su nómina vigente, al menos por el próximo semestre.

En cuanto a las medidas de postergación de pagos de créditos y alquileres, la norma fue la consecución de acuerdos que permitieran resguardar las relaciones de negocios; de hecho, según las cifras oficiales de denuncias ante organismos del Estado sobre conflictos en relación con estas disposiciones, prácticamente no hubo casos. El reporte más reciente emitido por la Sundde habla de 36 casos de denuncias relacionadas con incumplimiento de suspensión de cobro de arrendamientos.

En general, las medidas de apoyo que tomó el ejecutivo tuvieron un efecto limitado para el manejo económico y productivo de la pandemia. Incluso, el suministro de combustibles, que fue garantizado por el gobierno y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fue claramente insuficiente, obligando a los empresarios a incurrir en costos elevados al adquirir carburantes en mercados «informales».

Temas como la fijación de precios acordados y los controles sobre la distribución de productos, tampoco generaron especiales impactos en los negocios, pues los estudios analizados revelan muy bajos niveles de cumplimiento; sin embargo, contribuyen a un mayor deterioro de las expectativas.

Una de las cosas que quedan claras a partir de la gestión del brote de coronavirus en el país, es la creciente incapacidad del sector público para incidir en asuntos medulares de la actividad económica.

Armando J. Pernía Periodista Editor de Banca y Negocios

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