Expertos | Precios en Venezuela y “autoregulación”

Los referentes de precios que los oferentes de productos importados poseen en una primera instancia son los Import Parity Prices. Equivalentemente, podría ser utilizado un Basing Point System sobre este tipo de productos que simultáneamente son producidos en el país, confiriéndole eventuales rentas a los oferentes/productores domésticos –de enfrentarse a curvas con pendientes negativas, poseyendo cierto poder de mercado, derivado de una lenta capacidad de reacción del mercado para replicar ofertas en el corto plazo, por ejemplo de origen importado- en el caso que dicho precio supere a los costos internos de proveer el bien (cuestión que muchos empresarios domésticos asoman como difícil por el nivel de ineficiencias en nuestra economía y en la industria venezolana).

Este último referente, suponiendo la existencia de cierto poder de mercado –si se quiere entender de otra forma, en mercados que no son perfectamente competitivos- podría presentarse en ciertos mercados, incluso con ausencia de dispersión de precios, si todos los oferentes se enfrentan a los mismos costos transaccionales; fungiendo el Basing Point System como un Focal Point de un eventual equilibrio no cooperativo en mercados oligopólicos –suponiendo de igual forma que los demandantes se enfrentan a ciertos costos transaccionales y de búsqueda-.

Así la cosas, como ya se mencionó, de existir poder de mercado significativo en ciertos nichos de mercado, podría esperarse que los precios superen el Import Parity Price teórico, producto de rigideces que dificultan la réplica de la oferta de productos importados en el corto plazo evidenciando asimismo la presencia de un nicho de consumidores con significativa capacidad de pago.

Lo anterior nos facilita un marco de análisis respecto al nivel de pecios, pero ¿qué pudiéramos decir respecto a su tendencia? Algunos economistas han precisado que una inflación en dólares no parece constituir el término correcto para referirnos a ajustes en los precios en dólares en Venezuela. Las aseveraciones anteriores deben estar siendo basadas por estos economistas en que, si consideramos a la inflación como un fenómeno monetario, así como producto de la falta de credibilidad de la moneda, ciertamente, no parece aplicar dicha tesis a los precios en dólares en el país.

Aun así, técnicamente hablando puede “importarse” la inflación en la medida que la oferta se componga de productos importados, que sin embargo siendo muy baja en el exterior, no parecería poder explicar eventuales ajustes significativos de los precios en dólares de productos importados en el país.

En este sentido, cualquier modificación en los componentes y factores que inciden en los costos y en la determinación del nivel de precios expuestos al inicio del presente artículo pudiera explicar una variación de los precios de productos en dólares –incluso ajustes producto de demandas estacionarias sobre cierto tipo de productos-.

Así las cosas, un Upper Bound de los precios lo podría constituir un precio monopólico si
suponemos un mercado cerrado legalmente y cuya réplica de la oferta no puede concretarse en el corto plazo, y un Lower Bound representado por el Import Parity Price. Lo anterior no significa que dichos referentes no puedan modificarse a lo largo del tiempo en la medida que los factores que lo determinan varían. Sin embargo, como hemos insistido en el pasado, no existen incentivos privados o por parte de particulares para incrementar los precios irrestricta e intertemporalmente, ni siquiera en el caso de un monopolio natural –o alternativamente a Import Parity Price si las importaciones fungen como un competitive constriants, porque la pérdida de ingresos asociados a la demanda supramarginal resulta superior al cream skimming sobre la demanda cautiva o inframarginal-.

Sin menoscabo de lo dicho anteriormente, someter por impericia, indolencia, banalidad y omisión a un país a dos signos monetarios, uno de curso legal y otro de facto adoptado por parte de la economía no solo no constituye una solución si resulta regresiva y una gran parte de la sociedad y la economía se encuentran obligados a utilizar el primero sin acceso al segundo; sino que manifiesta una alarmante muestra de incomprensión respecto a las responsabilidades por parte del gobierno y del Estado.

Debe preocupar enormemente no solo que el presidente de la República crea que la ausencia de Estado y la imposición de un Estado de la Naturaleza constituya una alternativa a la crisis venezolana, sino que debe preocupar igualmente que incluso representantes del sector privado así lo crean.

Existen responsabilidades de provisión de bienes públicos, semi-públicos o que poseen asociadas fuertes externalidades, representados en instituciones e institutos jurídicos-económicos que el mercado no puede replicar ni ofertar. Existen funciones del Estado que representadas en bienes públicos el mercado ni la sociedad puede “autorregular”.

En nuestro entender, no resulta responsable dicha aseveración referida a la “autorregulación” de la sociedad y de la economía respecto a bienes cuyo disfrute a sus propiedades como servir de unidad de cuenta nadie puede ser excluido y que ofrece eficiencias a la sociedad (no estamos negando la discusión si dolarizar o no, sino la indolencia respecto a distorsiones creadas por el propio ejecutivo nacional respecto a la aceptabilidad del signo monetario
doméstico).

Asomar autorregulación en la economía primero exige fortalecer y perfeccionar una economía de mercado, lo que exige la presencia del Estado por medio de instituciones que faciliten y coadyuven a resguardar incentivos en favor del esfuerzo, la inversión, el intercambio y los contratos. Dichas instituciones son difícilmente sustituidas privadamente –al menos de forma generalizada y eficientemente- y en consecuencia no pueden ser autorreguladas.

Pretender una autorregulación se refiere a mercados, lo que implican bienes privados y no públicos, y evoca automáticamente la libre empresa y la competencia, algo hasta la fecha se ha encontrado absolutamente contrariado por el actual régimen.

Enrique González – Economista UCV.