Suiza anunció que incluyó en sus lista de sanciones a Tareck El Aissami (vicepresidente de Economía), a Delcy Rodríguez (vicepresidenta ejecutiva) y otros nueve funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, a quienes acusa de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia.

La Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO) de Suiza informó este martes de la inclusión de 11 nuevos nombres en su lista original publicada en marzo de este año.

A El Aissami lo señalan de ser “responsable de graves violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo con motivaciones políticas, que incluyen trato inhumano y degradante, y tortura”. También se le hace apunta como “responsable de apoyar e implementar políticas y actividades que socavan la democracia y la Estado de derecho, incluida la prohibición de las manifestaciones públicas”.

El Aissami también ya había sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea.

En cuanto a Delcy Rodríguez, las autoridades suizas señalan que su actuación como presidenta de la “la Asamblea Constituyente ilegítima, ha socavado la democracia y el estado de derecho en Venezuela, incluso usurpando los  poderes de la Asamblea Nacional y usándolos para apartar a la oposición y evitar que participen en el proceso político”.

Los otros sancionados son los militares Sergio José Rivero Marcano (excomandante de la Guardia Nacional), Jesús Rafael Suárez Chourio (comandante general del Ejército) e Iván Hernández Dala (director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar), a quienes se les acusa de “graves violaciones a los derechos humanos” en especial en sus acciones por las protestas del año 2017.

También incluyeron a funcionarios del CNE como las rectoras Sandra Oblitas Ruzza (vicepresidenta del CNE), Socorro Elizabeth Hernández Hernández y Xavier Antonio Moreno Reyes (secretario general), por “socavar la democracia en Venezuela, incluida la facilitación del establecimiento ilegítimo de la Asamblea Constituyente y manipulación del proceso electoral en relación con el referendo revocatorio en 2016, el aplazamiento de las elecciones para gobernador en 2016 y la reubicación de centros de votación con poco tiempo de anticipación antes de las elecciones para gobernador en 2017”.

A Elías José Jaua Milano (ministro de Educación) se le señala de “socavar la democracia al facilitar la instalación de la ilegítima Asamblea Constituyente”, mientras a Freddy Alirio Bernal Rosales (jefe nacional de los Clap e integrante del Sebin) se le acusa de manipular el programa de alimentos con fines políticos.

Finalmente, sancionaron también a  Katherine Nayarith Harrington Padrón (vicefiscal general) por “socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela, iniciando procesos con motivaciones políticas y por no investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro”.

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