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07/08/2019 04:19 PM

Ecarri pide ampliar plazo para desalojo de venezolanos de centros de acogida en España

Ecarri pide ampliar plazo para desalojo de venezolanos de centros de acogida en España

Antonio Ecarri, embajador de Venezuela en España designado por la Asamblea Nacional, atendiendo las múltiples solicitudes que le han hecho distintas ONG y afectados directos, ha puesto en conocimiento de las autoridades la necesidad de extender el plazo de 15 días que les están dando para abandonar los centros de acogida, a 90 en los casos de baja vulnerabilidad y 120 en los de alta vulnerabilidad, a fin de facilitar una inserción efectiva a la sociedad española.

“Celebramos la concesión de autorización de residencia y trabajo por razones humanitarias a los venezolanos con resolución denegatoria de protección internacional, hecho inédito y consonante con el reconocimiento de la crisis venezolana que ha hecho el Gobierno de España, a quien hemos solicitado que reconsidere los plazos para la salida de los beneficiarios de esta medida que se encuentran en los centros de acogida a refugiados”, afirmó Ecarri.

Según una disposición de la Subdirección General de Programas de Protección Internacional, cuando a un beneficiario del sistema de acogida se le concede autorización de residencia temporal, este debe causar baja como máximo en 15 días naturales tras la notificación de la resolución. Este estaría siendo el criterio por el que los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) dependientes de la Dirección General de Inmigración y Atención Humanitaria, y otros dependientes de ONG’s, se estarían rigiendo para notificar verbalmente a los afectados.

El plazo es difícil de cumplir porque, una vez notificada la denegación de la solicitud de protección internacional, la tramitación de la Tarjeta de Identificación de Extranjero tarda entre 30 y 90 días según provincia, y otros 30 hasta la obtención de la TIE con la que el beneficiario accede al mercado laboral.

Unos 1.000 de venezolanos en toda España es la cifra estimada a quienes estaría afectando la medida, 300 de ellos ya notificados, según la ONG Refugiados Sin Fronteras. De ellos, un 38,6% estarían en una situación de alta vulnerabilidad (familias monoparentales, con menores de edad o adultos mayores a su cargo, con familiares con discapacidad o enfermedades graves).

Por esta razón, y ante la posibilidad de que cientos de familias puedan quedar en la calle en cualquier momento, la representación diplomática del Gobierno de Venezuela reconocido por España encabezada por Antonio Ecarri, ha trasladado a las autoridades el requerimiento de los afectados de extender los plazos, según los distintos niveles de vulnerabilidad, a la espera de que la medida sea reconsiderada de manera excepcional, hasta que se normalice el proceso.

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