Argentina autoriza a asesores financieros a invertir dinero de sus ciudadanos en el exterior

La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina dijo el miércoles que autorizó la operación de asesores globales de inversiones para impulsar la competitividad de los inversores locales, una medida considerada clave para que bancos extranjeros se instalen en el país.

Desde que asumió en 2015, el presidente Mauricio Macri ha impulsado una agenda de reformas pro-mercado para alentar las inversiones en la nación sudamericana, después de más de una década de gobiernos populistas cuyas medidas intervencionistas llevaron a la salida de varios bancos privados.

“Mediante la RG (resolución) 710, se crea la figura del ‘Asesor Global de Inversión’ (AGI) que tendrá la función de asesorar a personas que tienen ahorros en Argentina o en el exterior. Dicho rol, que existe en varios países de la región, favorecerá la competitividad de los actores locales”, dijo la CNV en un comunicado de prensa.

Además, la comisión modificó las regulaciones sobre agentes de negociación y de liquidación y compensación “para permitirles realizar acuerdos con brokers internacionales y así poder cursar órdenes en el exterior para sus clientes locales”, dijo la nota.

La ley argentina impedía desde hace años la posibilidad de que asesores financieros invirtieran el dinero de sus clientes en activos fuera del país, para evitar la salida de dólares bajo gobiernos que aplicaron estrictos controles al mercado de capitales.

En 2011, una norma consideró la práctica un delito financiero y estableció como castigo una pena de hasta cuatro años de cárcel y una abultada multa.

En mayo, el presidente ejecutivo de Julius Baer, el tercer mayor banco privado de Suiza, dijo a Reuters que la compañía consideraría ingresar a Argentina si hubiera un cambio en la legislación sobre asesores financieros.

El Gobierno argentino está buscando aprobar una reforma de la regulación de los mercados de capitales para impulsar la relativamente pequeña plaza financiera del país. Macri envió un proyecto de ley a fin del año pasado, pero la iniciativa está trabada en el Congreso, que es dominado por la oposición.