Alicia en el País de las Maravillas

Peligrosa y lamentablemente se ha hecho costumbre dar respuestas propagandísticas a problemas económicos y sociales severos. Obviamente, producto de lo anterior, el deterioro en las variables socioeconómicas del país se profundiza, no existiendo elementos objetivos y de convicción de que vaya a revertirse esta tendencia sin señales de políticas públicas que atiendan a las causas de las distintas crisis en el país –crisis de la salud, crisis de abastecimiento, crisis inflacionaria, crisis de recesión económica, crisis social, etc.-.

El Gobierno se ha acostumbrado a intentar enviar señales de que algo hace ante la crisis. En este sentido, se cuentan incontables eventos públicos.

Persiste una ausencia de acciones correctivas en materia monetaria y fiscal; un régimen cambiario que resulta cada vez más restrictivo, opaco y discrecional, a pesar de los anuncios sobre su funcionamiento libre y de mercado (DICOM); una Ley Orgánica de Precios Justos cuyo lanzamiento lo acompañó una aceleración del proceso inflacionario; tergiversación de los instrumentos de política industrial o comercial, como las licencias, ahora con fines cambiarios, etc.

Muchos sectores económicos han estado forzados a firmar “Convenios”, algunos vacíos de contenido y otros de imposible cumplimiento. 

Uno de estos últimos episodios fue el evento anunciado por el presidente de la CANTV, reseñado por la prensa nacional y realizado en la sede de la estatal de comunicaciones, donde se anuncia que las empresas telefónicas habrían comprometido montos específicos para invertir en el mantenimiento y la expansión de las redes, a realizarse en bolívares.

Es público y notorio que los requerimientos de divisas por parte de las empresas de telefonía, más que para repatriar dividendos, son necesarios para adquirir equipos y tecnología para justamente satisfacer necesidades de mantenimiento y expansión de las redes. El anuncio de inversiones en bolívares cuando existen tecnologías, infraestructura y plataformas que se adquieren estrictamente en divisas, no resulta muy consistente. 

Por otra parte, el cierre de operaciones y relaciones económicas por parte de numerosas empresas, entre muchas otras Kimberly Clark y Citi Bank, han encontrado por respuesta oficialista el absurdo argumento de que las empresas en el país no notifican sus dificultades o que forma parte de un “bloqueo económico y financiero”. Peor respuesta resulta la ocupación oficial de parte de estas empresas arguyendo que la revolución las reactivará a pesar del lamentable resultado y desempeño de las empresas públicas y el déficit público. 

La edición impresa de El Nacional de 12-07-2016 reseña que en los últimos seis meses han cerrado operaciones seis multinacionales, a saber: General Mills, Bridgestone, la aerolínea Latam, la aerolínea Lufthansa, Aeroméxico y Kimberly Clark.

De igual manera, pudiendo constituir paso previo al cierre de operaciones en el país, numerosas empresas y marcas se han visto forzadas a desconsolidar las operaciones venezolanas de sus balances financieros, motivadas por el hecho de que las autoridades reguladoras de los mercados de valores en sus países sedes o matriz, como podría ser un ejemplo la Securities Exchange Commission, SEC, de USA, podría exigirles sincerar sus resultados globales ajustándolos a contingencias por Venezuela donde se ha visto desaparecer referentes cambiarios de 2,15 Bs./US$ hasta 640 Bs./US$ del DICOM –y contando- y existen dificultades para repatriar capitales.

Otro grupo de empresas han transformado sus operaciones en Venezuela, minimizándolas a meras representaciones comerciales o manteniéndose stand-by, esperando ver si efectivamente en Venezuela se produce un cambio de modelo económico y de reglas del juego.

Ante el fracaso del modelo económico, el presidente de la República anuncia el establecimiento de la gran Misión Abastecimiento Seguro y el Comando para el Abastecimiento Soberano con la intención de profundizar la “planificación ordenada”.

La microeconomía de la crisis muestra duras evidencias que sorprenden incluso a algunos economistas. El shock externo brutal de la caída de los precios del petróleo, aunado a un modelo rentista y de planificación central, con un marco regulatorio interno que desincentiva la oferta y la producción a lo largo de los últimos años; nos “sorprendió”, desapareciendo el poder de compra externo e interno y envileciendo al signo monetario doméstico. 

Más allá de la inflación generalizada como fenómeno de ajuste de los precios relativos entre el único bien “abundante”, el bolívar, ante el resto de bienes, servicios y el dólar, escasos; se empieza a presentar un drama económico para cada agente económico.

La dificultad que enfrentan las empresas en reponer sus inventarios a precios elevados por la inflación o con referentes en el DICOM o el dólar paralelo -debido a que no cuentan con el capital de trabajo para ello y la banca y la liquidez monetaria no resulta suficiente ante tipos de cambio como el DICOM o el paralelo-; constituye una enorme barrera a la actividad económica y a la oferta.

Por el lado de la demanda, la pérdida de poder de compra del bolívar y de los salarios, ha forzado a personas y hogares a prescindir de bienes y servicios que solían configurar su cesta de consumo. Por ello se está observando como ciertos precios de algunos productos han tenido que retroceder, microfundamentado en el hecho que no existe capacidad de pass-through hacia el consumidor final, siendo que el empresario estaría forzado a sacrificar sus márgenes para poder continuar colocando sus productos y operando –sin embargo, todo tiene un límite-.

Paralelamente, unos oferentes y productores podrían estar degradando sus productos –downgrading– para aplanar sus costos mantener sus precios dentro del mercado y de acorde al mermado poder de compra. En un extremo podría estar colapsando el menú de presentaciones de los productos hacia aquellos bienes degradados o que permitirían reducir costos, hacer economías de escala y mantenerse dentro del mercado.

Por otra parte, servicios como la publicidad y el mercadeo podrían ser suprimidos, intentando afrontar la coyuntura de pérdida de poder de compra de la demanda, reduciendo su incidencia y pass-through hacia los precios, especialmente para aquellos que estimen que su demanda no posee poder de compra y que esta se encuentra cercana a una más que proporcional prescindibilidad masiva del bien ante incrementos en los precios –aun cuando el posicionamiento y valor de marca vía publicidad se comprometa a futuro-.

Para aquellas empresas cuyo modelo de negocio esté basado en este tipo de actividades, tanto la pérdida de poder de compra de la demanda como las disposiciones de la Providencia Administrativa N°003 de la SUNDDE, comprometen la continuidad de dicho modelo de negocio. Luego otras empresas podrían estimar que ante la desaparición de la competencia, y la escasez de productos, tal tipo de servicios no pudieran ser requeridos.

Mencionamos este ejemplo, simplemente para visualizar que el PIB y la economía suelen ser un complejo entramado de cadenas de valor interrelacionadas, muchas complementarias entre sí, lo que significa que el efecto multiplicador del constreñimiento en algunos sectores pueden arrastrar a otros, profundizando el proceso recesivo.

La vulneración que ha hecho el gobierno del mercado y su sistema de precios ha incentivado a una “industria” del arbitraje, donde bienes escasos terminan en los mercados informales. Hemos llegado a una situación económica en la que se evidencia que “deseos no empreñan”; y que los países en el mediano y largo plazo, más allá de un boom petrolero o de commodities, suelen basar su nivel de consumo, calidad de vida, y remuneración del trabajo en la productividad y la competitividad.

*Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid.